La Voz de Caldas

Durante meses, la población de Caldas de Reis y su comarca lucha por un nuevo proyecto de la Variante Oeste. No se oponen a las mejoras, sino a que la solución para la movilidad cueste aquello que es insustituible: las casas, los viñedos, las relaciones vecinales, el ritmo rural que teje la vida cotidiana.
En este tiempo, las conversaciones han salido de las casas y se han extendido por las calles, las plazas y las redes sociales; los mapas han dejado de ser algo abstracto para convertirse en líneas que atraviesan patios con albariño, viviendas centenarias y pequeños negocios familiares.

La historia comienza cuando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible puso sobre la mesa la propuesta de la Variante Oeste: unos ocho kilómetros para conectar la N-640 con la AP-9 y aliviar el tráfico pesado que cruza el centro urbano de Caldas de Reis.
Sobre el papel, la promesa era fluidez y seguridad; fuera de él, la duda: ¿quién pagará el precio de esa fluidez?
El trazado, vinculado también al acceso al puerto de Vilagarcía, dio forma concreta a las preocupaciones: las líneas atravesaban parroquias enteras y afectaban vidas con nombre, rostro y rutina.

Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis, se sumó pronto a esta conversación pública. No como alguien contrario a la movilidad, sino como quien pide mesura y prudencia.
“Esta vinculación con el acceso al Puerto de Vilagarcía generaría graves problemas en una o varias parroquias, y dos de ellas podrían verse gravemente afectadas”, repitió en reuniones y comunicados.
Hablaba de un impacto social y económico “muy considerable”, de posibles expropiaciones, de pérdidas habitacionales que no se miden solo en metros cuadrados.
Mientras el estudio informativo seguía su curso y la evaluación ambiental imponía plazos, el Concello montó una oficina de atención y asesoramiento: técnicos para interpretar los planos, modelos de alegaciones, un mostrador abierto. Más de cien familias han pasado ya por allí en busca de claridad y defensa.

A cada nuevo plano que circulaba, más personas comprendían lo que estaba en juego; en cada asamblea, más vecinos sumaban su propia historia al debate. En las redes, los testimonios fueron cobrando cuerpo, no como ruido, sino como documento social.
Silvia, vecina de San Xoán, grabó un vídeo que se difundió ampliamente en las redes, poniendo palabras a lo que muchos sentían y pocos habían expresado con tanta precisión:

“Llevo viviendo en esta zona la mayor parte de mis 37 años. Si se construye la alternativa del acceso al Puerto de Vilagarcía, que pasa por mi zona, se llevarán parte de las fincas familiares llenas de albariño y otras variedades. Es la forma en que hemos trabajado y de la que vivimos en mi casa cada año, sobre todo mis padres.”

Y añadió lo que el mapa no muestra: la distancia entre el asfalto y la ventana.

“Esta carretera pasará muy cerca de mi vivienda… He vivido una temporada cerca de una carretera de estas características, y sé que sería la ruina de este lugar tranquilo en el que vivimos.”

Las manifestaciones crecieron al ritmo de las redes. Un cartel pasaba de mano en mano —“Variante no. Queremos otra solución.”—, se convertía en fotografía, en etiqueta, en punto de encuentro.
Susana, también vecina afectada, utilizó las redes para hacer llegar su voz a los responsables de la obra:

“Porque la llamada variante oeste de Caldas de Reis no es una mejora ni un progreso. Es una herida abierta que pretende dividir lo que durante generaciones ha permanecido unido.”

Hablaba de caminos que conectan casas, de sendas que llevan al monte o a las tierras, de aldeas partidas en dos y de una identidad que no se recompone con obras complementarias.

Entre las palabras del alcalde y las voces de las vecinas, una línea de continuidad: nadie niega que el tráfico urbano necesite alivio; lo que se cuestiona es un trazado que, según el propio regidor, concentra “graves afecciones sociales y residenciales” en las zonas rurales.
El Concello pide diálogo y transparencia; los vecinos, tiempo y alternativas.
Hasta el momento, se han presentado más de 400 alegaciones ante el Ministerio: cifras que no solo reflejan una movilización, sino también un intento de reescribir el destino antes de que se convierta en ruina.

El proceso continúa su lento recorrido administrativo —exposición pública, informes, compatibilizaciones ambientales—, pero en Caldas de Reis el tiempo tiene otra medida: la poda de las viñas, la cosecha, el calendario que no encaja en el cronograma de una obra.
Es en ese compás donde la comunidad intenta reformular la pregunta:
¿Es posible una conexión entre la N-640 y la AP-9 que libere el centro urbano del tráfico pesado sin arrancar raíces en la periferia?
¿Es posible que los minutos ganados en la carretera no se conviertan en décadas perdidas en las aldeas?

Jacobo Pérez insiste en que sí, que el deber del poder local es garantizar que la solución final mida no solo tráfico y presupuesto, sino también el silencio nocturno, la continuidad vecinal y la economía familiar.
Silvia y Susana, cada una a su manera, comparten el mismo horizonte: que la vida siga siendo reconocible después del paso de las máquinas.

Y así, entre el lenguaje técnico de los informes y el lenguaje cotidiano de los patios, la historia se escribe con dos tintas: la de la necesidad pública de una buena movilidad y la de la necesidad humana de permanecer enteros.
Mientras tanto, Caldas de Reis repite —sin gritar, pero sin retroceder—: variante, solo si cabe una solución que no deshaga lo que somos.