El silencio habitual de las aldeas de Caldas de Reis se ha visto interrumpido en las últimas semanas por un movimiento que crece día tras día: la voz firme de los vecinos que se alzan contra el proyecto de la Variante Oeste. Cuatro plataformas ciudadanas, nacidas en Godos, Bemil, Santa María y Arcos, han decidido unir fuerzas para enfrentarse a una propuesta que, según afirman, amenaza no solo viviendas y negocios, sino también el alma misma de la tierra.

El estudio presentado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana prevé la construcción de una vía cerrada, sin accesos, que atravesaría varias parroquias, dividiendo aldeas y levantando un muro físico que aislaría comunidades enteras. Para quienes viven allí, el trazado significa mucho más que líneas en un mapa: supondría la demolición de 16 viviendas, otras 24 seriamente afectadas y miles de vidas condicionadas.
«No está en juego solo el presente, sino también el futuro de nuestro rural», señalan los representantes de las plataformas. El temor a la despoblación —ya una realidad preocupante— se acentúa cuando se imagina la pérdida de comunicación entre vecinos, la dificultad de acceso y el deterioro de la calidad de vida.
Las preocupaciones no se limitan al ámbito social. El impacto económico sería devastador: más de 30 empresas locales, muchas instaladas a lo largo de las carreteras N-640 y N-550, podrían verse obligadas a cerrar sus puertas. Medio millar de empleos estaría en riesgo. El paisaje natural también sufriría: la vía atravesaría varios cauces de agua y afectaría al río Umia y a su cuenca. En el plano patrimonial, los daños alcanzarían tramos del Camino de Santiago, varios cruceiros, petos de ánimas e incluso una iglesia de origen románico.
La movilización vecinal es prueba de la resistencia: casi 3.000 alegaciones se presentaron en apenas diez días contra el estudio inicial. Para los vecinos, la incoherencia es evidente. El propio informe oficial admite que una vía abierta, tipo ronda, sería la mejor opción para resolver los problemas de tráfico en el núcleo urbano de Caldas. Aun así, la propuesta que avanza es la que genera un mayor impacto negativo —y, paradójicamente, la más cara.
Las plataformas defienden una alternativa: la construcción de una vía ligera, con aceras y accesos, que una la N-550 y la N-640 de forma consensuada con el municipio. También piden que se excluya del proyecto el acceso al puerto de Vilagarcía, ya que, según los cálculos, la conexión ahorraría menos de un minuto de viaje, pero traería consecuencias irreversibles para las parroquias.
Otro punto de la reivindicación es la liberación del tramo de la AP-9 entre Saiar y Carracedo, medida que ayudaría a reducir el tráfico en Caldas. Además, proponen reactivar el proyecto de la AG-47, paralizado desde hace años, que resolvería de forma definitiva la conexión del puerto de Vilagarcía con la AP-9 sin duplicar infraestructuras.
El movimiento agradece el apoyo del Ayuntamiento y de las fuerzas políticas locales, pero deja claro que la lucha no ha hecho más que empezar. Se solicitarán reuniones, continuarán las presiones y, si es necesario, las movilizaciones ciudadanas ocuparán las calles hasta que la voz de la población sea escuchada.
Más que un debate técnico sobre carreteras, la disputa por la Variante Oeste revela algo mucho mayor: el deseo de una población de decidir su propio destino y preservar la identidad de Caldas de Reis.






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